Por: César Andrés Restrepo Florez
Director de Proyectos Virtus Global
En 1998 la revista Foreign Policy calificó a Colombia como uno de los países que conformaban el club de estados fallidos del mundo. Financiado por el narcotráfico y enquistado en elites regionales con inmenso poder político, el crimen organizado y el terrorismo habían logrado expandirse en toda la nación llevando la violencia a su máxima expresión – más de 30.000 homicidios y 3.000 secuestros por año al finalizar el siglo XX –. Las Fuerzas Armadas sufrían de un escaso apoyo en recursos, desarrollo organizacional y acción interagencial por parte del Gobierno Nacional y el Congreso de la República.
La clasificación como estado fallido sirvió como campanazo para movilizar al país frente al riesgo de supervivencia que enfrentaba. En 1998 un nuevo gobierno asumió el mandato de recuperar la vigencia institucional, que se ejecutó por gobierno sucesivos durante 15 años. Esto se fundamentó en tres acciones clave: el aumento de los presupuestos, la modernización de las FFAA y el programa de cooperación del Gobierno de los Estados Unidos de América en el marco del Plan Colombia.
Como resultado, los secuestros disminuyeron en más del 96% y los homicidios alcanzaron su cifra más baja en al menos 40 años. Esto se tradujo también en el aumento de la legitimidad de las Fuerzas Armadas alcanzando hasta 90% de favorabilidad en 2008.
La conquista estratégica más importante de este proceso ocurrió 11 años después de su inicio. Una década de acción ininterrumpida contra el crimen e impulso al despliegue institucional no militar obligaron al mayor grupo terrorista del país – las FARC – a buscar una negociación. En apenas 4 años su cúpula había sido decapitada después de vivir 50 años intacta.
Sin embargo, la desmovilización de las FARC después de los acuerdos no significó el fin de los retos de seguridad interna. Organizaciones terroristas como el ELN, grupos criminales organizados y enclaves de economías criminales siguieron vigentes. Además, al menos un 30% de los combatientes de las FARC continuaron en armas.
Identificar los desafíos para las FFAA en el corto y mediano plazo requiere entender los efectos del proceso de paz en la visión estratégica nacional sobre seguridad y defensa, a la luz de la observación del camino que condujo al país, a sus instituciones y ciudadanos a la Colombia de 2022.
Respecto a los logros alcanzados, la amenaza que enfrentan la adaptación, flexibilidad y sostenibilidad de las capacidades de seguridad y defensa es quizás el desafío más grande para las FFAA. Esto se evidencia en la disminución del pie de fuerza militar y policial, el debilitamiento o desactualización de capacidades operacionales y estratégicas, ambos con un impacto directo en la dinámica operacional.
Prueba de lo anterior es la reubicación de los grupos armados persistentes en territorios abandonados por estructuras desmovilizadas, el incremento de los cultivos de hoja de coca en más del 500% en tan solo 4 años alcanzando su máximo histórico de producción potencial – más de 1000 toneladas año –, y el repunte de indicadores como el homicidio, las masacres y el desplazamiento forzado.
Lo anterior conduce a cuestionamientos sobre el incumplimiento de compromisos no securitarios incluidos en los acuerdos de paz. Olvidan quienes apuntan a esa dimensión, que la transformación de condiciones sociales, económicas, institucionales y de infraestructura para superación de la violencia y el crimen es un ejercicio de largo aliento con rendimientos efectivos a mediano plazo. Una tarea que requiere condiciones de seguridad aptas y un esfuerzo policial-militar robusto para anular cualquier ejercicio de presión contra los procesos de transformación de los núcleos de riesgo.
Finalmente están los desafíos que el contexto actual global, regional y nacional ofrecen. Una geopolítica caótica con un multilateralismo en crisis, escenarios de conflicto asociados con la participación de naciones vecinas y extra-regionales; junto con asuntos como el crimen organizado transnacional, la protección del medio ambiente, el cambio climático y la creciente lucha por el acceso a recursos representan fuentes de amenazas que deben ser atendidos con igual o mayor empeño que el conflicto.
Para atender estos desafíos el país necesita de autonomía estratégica en hardware y software para atender los riesgos de seguridad y defensa. Así mismo, la renovación de equipos y la generación de capacidades avanzadas de interoperabilidad que le brinden ventajas multidominio. Desarrollar capacidades robustas de ciberseguridad y ciberdefensa. Recuperar su rol de líder de seguridad regional para la ampliación de su entorno de seguridad primario.
Las FFAA de Colombia deben desactivar con un ejercicio profesional, transparente e íntegro de su misión la campaña nacional e internacional de debilitamiento institucional que pretende neutralizar su papel como instituciones clave en la construcción de estabilidad y seguridad.
Si bien la lista de necesidades puntuales es larga y compleja, el mayor desafío está en la necesidad de reconstruir una visión estratégica de seguridad y defensa determinada por un estado final deseado en el que estabilidad, seguridad, desarrollo e imperio de la ley sean las palabras que definan un contexto de paz.
Después de hacerlo, las FFAA tendrán mayor probabilidad de éxito en resolver la ecuación de capacidades que les permitan sobrevivir a un contexto estratégico colmado de amenazas.
