En relaciones internacionales, la preservación de las alianzas obliga al país a rechazar la invasión, adherirse a las sanciones para neutralizar la capacidad de agresión rusa, incluso a alistarse para cooperar.
Por: César Andrés Restrepo Flórez
A principios del siglo XXI la política exterior colombiana se enfocó en desarrollar alianzas estratégicas regionales y extra regionales que le permitieran reinsertase en la comunidad internacional, después de haberse convertido casi en un país paria a finales del siglo XX.
Hacia 2013 este proceso alcanzó uno de sus avances significativos cuando el Plan Colombia evolucionó en una relación estratégica con EE. UU., una relación que ha seguido solidificándose, como lo muestra la reciente designación de Colombia como aliado extra-OTAN de ese país.
En el caso de Europa, acuerdos de comercio, migratorios, de seguridad y lucha contra el crimen resultaron estratégicos para el retorno del país al tablero global. La alianza de Colombia con la OTAN en calidad de socio global y el ingreso a Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico son muestra de esto.
Las alianzas internacionales han sido apoyos clave para que el país abandonara la ruta de estado fallido y se proyectara como una nación líder en la región con capacidad de construir estabilidad y paz.
La guerra en Ucrania es un escenario en el que se libra un pulso entre los aliados estratégicos de Colombia y la Federación Rusa, haciendo de dicho conflicto un reto significativo tanto para la agenda internacional colombiana como para su seguridad nacional, dada la importancia de las relaciones entre Colombia y sus aliados.
La invasión a Ucrania confirmó la activación de un escenario global en el que la competencia por el control de recursos e influencia internacional dará lugar a conflictos deslocalizados para provecho de actores hegemónicos en competencia.
Dicho contexto, en medio del marchitamiento del multilateralismo y la gestión compartida de la seguridad internacional, obliga a las naciones a fortalecer y proteger sus relaciones bilaterales y alianzas basadas en intereses y amenazas comunes.
Esto obliga a Colombia a identificar y administrar asuntos críticos que de ese escenario se derivan, siendo urgentes los de relaciones internacionales y seguridad nacional.
En relaciones internacionales, la preservación de las alianzas obliga al país a rechazar la invasión, adherirse a las sanciones para neutralizar la capacidad de agresión rusa, incluso a alistarse para cooperar. En seguridad nacional, surgen retos de confiabilidad frente a los aliados, así como de operacionalidad y protección de los intereses nacionales.
Lo anterior exige que el gobierno nacional evalúe los impactos que surjan de una alineación explicita con Ucrania, de las sanciones a Rusia y sus aliados. Asimismo, a anticiparse a los desafíos que estas imponen, preservando la capacidad de sobrevivir en una geopolítica caótica.
Dado lo anterior, se hace necesario una evaluación y reconfiguración urgente de los procesos de cooperación, abastecimiento, entrenamiento, mantenimiento o intercambio de información con Rusia y sus aliados, para neutralizar vulnerabilidades a la seguridad y la defensa nacional de Colombia y sus socios.
Asimismo, identificar nuevas fuentes de material, equipos, entrenamiento y servicios con el fin de reemplazar aquellas que estén bajo la tutela de Rusia. Esta acción es definitiva para garantizar la sostenibilidad, confiabilidad y el alistamiento de las capacidades dirigidas a proteger la seguridad nacional.
Finalmente, apostar por el desarrollo de soluciones permanentes en suelo colombiano para garantizar la sostenibilidad de las capacidades en un mundo en el que el conflicto estará a la orden del día, desarrollando así algún nivel de autonomía estratégica.
En un mundo inestable, la defensa de la paz y los intereses nacionales obliga a cuidar de las alianzas estratégicas y a generar las capacidades necesarias para disuadir a potenciales agresores y ejercer la defensa oportunamente.
